Varias provincias se unen para luchar contra la minería a cielo abierto en España

En pleno siglo XXI España vuelve a ser objeto de deseo por parte de multinacionales mineras que ansían, con su nuevo modelo de explotación a cielo abierto, mucho más agresivo que el subterráneo, recuperar las minas antiguamente explotadas y abrir otras en lugares en los que nunca ha existido una tradición minera. Sin embargo no van a tenerlo fácil. Ante los proyectos surgidos, son varias las plataformas que se han puesto en pie de guerra contra los mismos.

Informados y bien organizados, los ciudadanos han decidido hacer frente a aquellos que amenazan su tierra y su modo de vida. Pero no lo harán solos. Ávila, Cáceres y Salamanca han decidido unir sus fuerzas en una lucha en la que, entre otras acciones, intentarán que la Ley de Minas de 1973, que prima los derechos mineros frente a los de la población, quede como un recuerdo del pasado.

Santiago Martín, miembro de Ecologistas en Acción, advierte que hay un gran número de minas abandonadas, en zonas de gran valor natural, que finalizaron su explotación entre los siglos XVII y XIX, por la baja densidad de concentración del metal. “La tecnología extractiva ha mejorado mucho”, asegura el experto, “por lo que esos yacimientos pueden recuperarse. En este momento es rentable una explotación minera donde se saque un gramo por tonelada”, comenta, “porque el movimiento de tierras es muy barato”. 
Con un modelo de minería al que define como “particularmente cruel con el territorio, y con la población, porque las empresas mineras extraen la riqueza de la tierra, destrozan todo por donde pasan y cuando consiguen su objetivo se van”.

Mayores fuentes de riqueza

¿Cuál es la mayor fuente de riqueza en materia minera y la más deseada? Roberto Martínez, Jefe de Área de Recursos Minerales del Instituto Geológico Minero, (IGME), comenta que esto depende del momento, la demanda o la situación de los mercados de materias primas. “Actualmente se está produciendo una inversión importante en la exploración de materias primas metálicas, fundamentalmente por el impulso alcista de los precios en los mercados, y por la creciente demanda de minerales en industrias estratégicas como la manufactura informática o de transporte”, apunta.

Las explotaciones a cielo abierto están experimentando un boom en España. En este momento hay unas 2.000 solicitudes de explotación, según Ecologistas en Acción. Son varias las comunidades que presentan proyectos de estas características como Castilla y León, Extremadura, Galicia, Andalucía o Asturias, entre otros, si bien Martínez subraya “que no se sabe cuáles acabarán materializándose. “Está la mina de cobre de Touro, en A Coruña, que ya fue explotada hace unas décadas. En la provincia de Salamanca se quiere abrir la mina de Uranio de Retortillo, y también la de Wolframio de Barruecopardo. Está siendo muy mediática la polémica en torno a la posible apertura de una mina de Litio junto a Cáceres”, dice. A las que habría que añadir proyectos en ciernes que amenazan con la apertura de posibles minas de feldespato en Ávila, por citar otros.

Revolución social

La reacción por parte de los habitantes de estas comunidades autónomas no se ha hecho esperar. Unidos en defensa de su tierra, se han constituido en diferentes plataformas a las que define su lucha desinteresada y ajena a movimientos políticos o ideas preestablecidas. Así lo manifiesta la “Plataforma No a la Mina en el Valle del Corneja”, en Ávila, hermanada en la lucha con las plataformas “No a la Mina en la Sierra de Ávila” y “No a la Mina en la Sierra de Yemas”. Tres zonas que han visto amenazado su modo de vida por cuatro expedientes mineros. Pero acaban de recibir un soplo de esperanza ya que la Sierra de Ávila ha sido informada de la existencia de dos informes desfavorables a su expediente. Aun así, habrá que esperar a que a finales de abril la Junta de Castilla y León se pronuncie definitivamente sobre la declaración de impacto medioambiental. Salvemos la Montaña en Cáceres, la Asociación Salvemos Cabana, en Galicia o Stop Uranio, en Salamanca, integrada en una coordinadora, son otros ejemplos de lucha ciudadana.

Las empresas mineras muestran su preocupación por la mala imagen que tienen entre los ciudadanos, algo que achacan a las plataformas y a su desinformación, como elemento básico en su confrontación. Sin embargo, detrás de las plataformas hay personas muy bien formadas, que están en contacto con poblaciones en las que este tipo de proyectos se han llevado a cabo y, por lo tanto, conocen en profundidad los riesgos que se corren y que pasan por la pérdida del ecosistema, la contaminación del aire y el agua o riesgos para la salud. Y a las que les duelen expresiones plasmadas en sus expedientes mineros, como en el caso de la Sierra de Ávila, en la que Antonio y Javi S.L. se hacen eco de la escasa oposición que podría presentar esta explotación minera, ante una “población vieja, analfabeta y escasa”.

Desde luego no contaban con el nacimiento de estos grupos sociales a los que José Sarrión, procurador en las Cortes de Castilla y León por IU-Equo, define como “lo mejor que nos ha ocurrido en décadas. Mujeres y hombres que dedican su tiempo, energía y dinero a luchar por el futuro de su medio rural y gracias a los cuales se está hablando de esto”. Es más, considera que podrán paralizar muchos proyectos. En la misma línea apunta Rubén Arroyo, desde la plataforma municipalista abulense Trato Ciudadano, al destacar “su proceso de intercambio de conocimiento del territorio, de la defensa de lo común, entendiendo el territorio como propio y el intento de funcionar al margen de la política institucional. El inicio del camino para lograr una provincia más cohesionada, más reivindicativa, más crítica y, por ende, más democrática”.

Acciones incomprensibles

Desde la Asociación Salvemos Cabana, definen esta nueva fiebre minera como “un saqueo a cualquier precio”. No en vano Galicia ha visto desfilar a varias multinacionales mineras, que han intentado abrir una mina de oro. Ahora luchan contra una de cobre en Touro. Aunque la ambición se ha extendido a la plata, el plomo, el cinc o el tantalio. 

¿La actitud de la Xunta con respecto a estos proyectos? “Facilitadora, en absoluto garantista y con unos planteamientos de protección del medio ambiente, que en ocasiones dejan mucho que desear”, dicen desde la asociación.

Incomprensible también resulta para Salvemos la Montaña que, según sus palabras, “por un lado la Junta de Extremadura promueva la estrategia Extremadura 2030, por el desarrollo sostenible y la economía verde y circular, pero esté regalando derechos para explotar la tierra a multinacionales que desaparecen sin cumplir sus promesas en otros lugares. 
Mientras en el Ayuntamiento de Cáceres una mayoría política ahora se opone al proyecto por el que antes llegó a pedir a la Junta de Extremadura que lo declarase Proyecto de Interés Regional”.

La aprobación de la Estrategia de Recursos Minerales de Castilla y León 2017-2020 ha sido otro de los escollos en el camino, en este caso al que tienen que enfrentarse las plataformas abulenses y salmantinas. 

Estrategia que desde “No a la Mina en la Sierra de Ávila” advierten que “desprecia la legislación ambiental, facilita trámites y simplifica el procedimiento, permitiendo que cualquier empresa de este tipo pueda beneficiarse por encima del interés general, a pesar de todas las alegaciones y recursos presentados contra los diferentes proyectos, la gran cantidad de firmas recogidas y las protestas ciudadanas en las calles”.

Y es que tal y como comentan desde Trato Ciudadano, en Ávila, “con esta estrategia minera, se pretende cambiar el modelo productivo de la provincia, eliminando, por su incompatibilidad, los usos y tradiciones del territorio que durante siglos han mantenido viva a la provincia. Este cambio de modelo hacía la minería a cielo abierto solo acelerará la despoblación de los territorios afectados por el nuevo negocio”.

Desde IU-Equo Castilla y León la tildan de 

“auténtico suicidio a medio y largo plazo porque supone hipotecar el futuro de nuestras zonas rurales, destruyendo el escaso tejido agricultor y ganadero de estas zonas a cambio de explotaciones con fecha de caducidad”.

Irregularidades en los proyectos

Las plataformas también denuncian las irregularidades de sus proyectos. Desde “No a la Mina en el Valle del Corneja” se hacen eco de los incumplimientos de requisitos y plazos por parte de la empresa solicitante. Resaltan los continuos requerimientos dados por parte de la Sección de minas de la Junta de Castilla y León a estas empresas para que subsanaran las deficiencias de los expedientes. Incluso desde la plataforma han comprobado cómo, en cierto modo, se ha ido guiando a la empresa, con el fin de que cumplieran todos los requisitos necesarios para llegar a la aprobación definitiva del permiso.

En Stop Uranio ponen el acento en la querella presentada contra el equipo de gobierno de la anterior corporación municipal de Retortillo por “presuntamente, beneficiarse de la instalación minera de esta localidad. Aunque todavía no se ha resuelto por el Juzgado de Ciudad Rodrigo”. Y desde Salvemos la Montaña señalan la apertura de caminos o la realización de catas, sin el permiso de los propietarios de las tierras. La publicación de permisos de investigación, por parte de la Dirección General de Minas por un tiempo inferior al que debería exponerse, o el incumplimiento del Convenio de Aarhus, por poner algunos ejemplos.

Entramados con hombres de paja

A las plataformas abulenses les llama la atención, además, que las empresas que están llevando a cabo estos expedientes mineros, en el momento de la petición de los permisos, no tuvieran nada que ver con la actividad minera. 

Así, en el caso de “Transportes, Excavaciones y Hormigones Sonsoles S.L”, que afecta a la Sierra de Yemas y el Valle del Corneja, su objeto Social pasaba por “las excavaciones, demoliciones, derribos y la construcción de cualquier tipo de obras públicas o privadas, la adquisición y enajenación de fincas rusticas o urbanas, la urbanización, perforación y parcelación de fincas y otras actividades relacionadas con el hormigón y la construcción”. 

Y en el caso de Antonio y Javi S.L, enfocado en la Sierra de Ávila, se dedicaba a la compra y venta al por mayor de productos alimenticios y bebidas.

Incomprensible también el capital inicial del que ambas disponían, en torno a los 3.000 euros, que en el caso de “Transportes, Excavaciones y Hormigones Sonsoles S.L”, fue ampliado a 27.045 € en el año 2012, aunque de los datos que figuran en el registro mercantil no se refleja que dicha empresa tenga mucha actividad, ni por lo tanto capacidad para llevar a cabo estos permisos mineros. Esto es simplemente fruto de la especulación que hay detrás, manifiesta Santiago Martín, “muchas veces aparecen empresas con un capital social de estas características, los llamados cazapermisos, que hacen la tramitación y cuando tienen todo para explotar la mina, lo venden a otra empresa, que la explota”.

“Empresas pantalla, entramados con hombres de paja”, como los define Carles Mulet, Senador de Compromis, de los que dice que “cuesta saber quién es el verdadero promotor. Capitales en los que el negocio no suele estar en la explotación directa de los recursos mineros, sino en las repercusiones bursátiles y mercantiles que pueda tener vender que se cuenta con una actividad o permiso. Muchas veces la mina es la excusa”, advierte. 


Desde la Fundación Sustrai Erakuntza, que trata de ayudar en aspectos técnicos y jurídicos a las plataformas que luchan contra las minas en Navarra, reconocen que en esta comunidad autónoma. hay varios casos parecidos, como el del proyecto de una mina de potasa en Sangüesa, una pequeña empresa montada en España, sin apenas capital social ni socios. Una tapadera de una empresa australiana y fondos de capitales extranjeros, que intentan hacerse con la concesión del terreno para explotar la mina, y posiblemente vender la concesión a otras compañías.  
De esta manera, a través de una cadena de subcontrataciones la responsabilidad se diluye y se puede cometer mejor cualquier tropelía ambiental”, sostienen.

José Ramón Barrueco, portavoz y secretario de la plataforma Stop Uranio, observa que “Berkeley Minera”, la multinacional australiana que pretende abrir una mina de uranio a cielo abierto en la provincia de Salamanca, “es una empresa que no explota ninguna mina en el mundo, por lo que siempre hemos creído que su labor era meramente especulativa. Ha intentado vender la mina a los rusos, coreanos o japoneses pero ante la falta de compradores ha dado el salto a la posible explotación directa del yacimiento”, reconoce.

¿Es válido y legal el papel de las empresas cazapermisos? “Legal, desgraciadamente, hasta que no exista una legislación contundente, parece que sí, válido y ético, para nada”, responde Mulet. “La administración no sabe si quien tiene delante es alguien solvente, responsable. Creo que tendrían que existir cláusulas que impidan y veten comportamientos irresponsables; la especulación sin escrúpulos, la insolvencia de las empresas a las que contratas u otorgas permisos, las trampas de conseguir contratos actuando bajo convenio, o sin protocolos medioambientales básicos, porque si algo va mal, la responsabilidad de estas empresas se disipa en la maraña de la pantalla, subcontratas y entidades fantasmas. En el tema de la minería es altamente irresponsable que la administración no conozca a quien otorga permisos”, sentencia el senador, que al mismo tiempo recuerda la diversa actividad minera con la que cuenta la Comunidad Valenciana, alguna en parques naturales “que pueden funcionar gracias a la Ley de Minas de 1973”.

Una polémica ley

Una ley preconstitucional que, a pesar de que desde el IGME, Roberto Martínez comenta que “tiene un importante componente liberalizador frente a la claramente nacionalista Ley de 1944, que la precedió”, desde Ecologistas en Acción la achacan todos los males que afectan a España en materia minera. “Está hecha para las empresas mineras. No tiene en cuenta al medio ambiente ni a la población”. Y aseguran, “que allana el camino a las multinacionales extranjeras”.

Las plataformas abulenses opinan de la misma manera. Desde el comienzo de su andadura su objetivo ha pasado por cambiar la ley. Algo a lo que se han ofrecido diferentes partidos políticos. En noviembre del año pasado Compromís presentó una moción en el Senado, planteando la modificación de la Ley de Minas de 1973.

José Sarrión, procurador en las Cortes de Castilla y León, también recuerda que IU-Equo, propuso la derogación de la misma en la Proposición No de Ley que su grupo político llevó a las Cortes, en diciembre del año pasado. Aunque son varios los partidos castellano-leoneses que han puesto en marcha diferentes acciones.

¿Cuál podría ser el equilibrio entre los opositores y las empresas mineras? Para el Jefe del Área de Recursos Minerales del IGME, “el equilibrio debería venir de la mano de estos, de las Administraciones Públicas, los propietarios de terrenos, las industrias auxiliares y otros sectores afectados. Y de la ya mencionada Ley de Minas, la Ley de Evaluación Ambiental, los reales decretos de gestión de residuos de la industria extractiva… Reconoce que los marcos legales en minería pueden modificarse cuando haya mayorías parlamentarias que así lo aprueben. De hecho, asegura que se han producido varios intentos de introducir una nueva Ley de Bases de la Minería en los últimos años, aunque nunca han llegado a concretarse. Sin embargo, considera que es necesario que los marcos existentes sean respetados por todos los actores y que se garantice la seguridad jurídica para todas las partes y para que los proyectos mineros se ejecuten de acuerdo a esos marcos desde su etapa de exploración hasta la restauración final de los terrenos”.

De momento, las plataformas de Ávila, Salamanca y Cáceres van a unir sus fuerzas, haciendo un frente común para conseguir un cambio en la legislación de minas, mayor protección del medio ambiente y de las personas que pudieran verse afectadas por estos proyectos mineros. Y es que, “con la legislación vigente, si se niegan a que se realice un proyecto minero en sus fincas, simplemente se la expropia su propiedad sin el menor reparo ni protección contra ello”, afirman desde el Valle del Corneja.

 “Una reacción ante una misma amenaza, en diferentes momentos, con diferentes paisajes, distintas personas con distintas ideologías, de distinta generación, nos hemos movilizado en contra de lo que supone un ataque a nuestras vidas, a nuestra supervivencia como individuos y como pueblo”, resaltan desde la Plataforma No a la Mina en la Sierra de Yemas.

Desde las plataformas quieren lanzar un mensaje a aquellos que les acusan de ir en contra del progreso. Más bien todo lo contrario. “Apostamos por desarrollar y mejorar las comunicaciones, aseguran desde la Plataforma No a la Mina en la Sierra de Yemas. Potenciar y promocionar las energías limpias, sostenibles: Por mantener y ampliar una cultura basada en necesidades reales y no en una economía especulativa, donde las personas sigan siendo más importantes que los intereses económicos de unos pocos”. A lo que desde Sierra de Ávila añaden que lo que quieren es un desarrollo sostenible, que les permita trabajar en el fomento de los valores de su tierra.


      Fuente: diario16.com